Entre estas dos fechas han pasado seis años y siete meses y se han sucedido cruces de declaraciones, manifestaciones, miles de opiniones y bastantes desencuentros.

Pocos asuntos han despertado tanta controversia en la región. Unos lo ven como una oportunidad única para el desarrollo de Extremadura, otros como un atentado ecológico.

El nuevo parón en los plazos, adelantado por este diario hace unas semanas, ha traído el asunto otra vez a la palestra pública. ¿Es viable el proyecto?, ¿sufre retrasos injustificados?, ¿alguien está bloqueando su tramitación?

Juan Sillero, consejero delegado del Grupo Gallardo, apela al sentido común. «Estamos ante un proyecto complicado, aunque ha sido modélico en el sentido de que ha intervenido mucha gente importante en el mundo del refino. El proceso avanza y se para en función del análisis que el ministerio hace de la documentación que se le aporta. Piden más información y se la volvemos a dar. Y así sucesivamente. Pero entendemos que estamos llegando al final del proceso», asegura.

Desde Medio Ambiente ya se ha explicado en alguna ocasión que, debido a la magnitud del expediente, se está analizando por partes. Esto es, se estudia un parte, se piden más datos y cuando se tiene claro, se pasa a otra. Es decir, se avanza, aunque sea a paso de tortuga. Así también se salvan las imposiciones que se hace el propio ministerio. Tiene un plazo de tres meses para emitir la pertinente declaración de impacto ambiental. Pero no tiene materialmente tiempo en este tipo de expedientes, así que lo ‘trocea’ en partes.

Una de las claves del retraso está en la complejidad del proyecto. Es la primera refinería que se construye en Europa en muchas décadas, y además estará situada en el interior. La mayoría están en la costa. Desde Medio Ambiente se recuerda que se está analizando la propia planta, un poliducto, un oleoducto y un gasoducto, así como las instalaciones portuarias de Huelva.

Ese es uno de los principales argumentos de los ‘garantistas’, con la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, a la cabeza. Suelen defender que se está mirando con lupa el proyecto, para que cuando se apruebe no quede la más mínima duda de que cumple con la ley. No falta quien añade que también se hace para evitar recursos ante la justicia o las instituciones europeas. «Nunca en la historia habrá habido ningún proyecto que haya sido tan analizado como éste», resaltó Vara en una visita a la capital de la UE la pasada primavera.

Bruselas. Es una de las grandes bazas a la que se agarran los movimientos ecologistas. Incluso, llegan a decir que ya tiene paralizado el proyecto. Juan Sillero lo desmiente rotundamente. «Es que las competencias no las tiene la UE, sino el Ministerio de Medio Ambiente. No quiero entrar en esas declaraciones, quieren hacer creer que el retraso se debe a que está acabado. Y no es verdad». Por el momento, todos los socios del proyecto han aportado 50 millones de euros, correspondientes al capital social de la sociedad. Estos son, además de Gallardo, la Sociedad de Fomento Sofiex, Iberdrola, BBVA, Caja Madrid y Caja Extremadura. No hay que olvidarse del socio tecnológico, la multinacional Shell.

Por regla general, la Junta se apunta a estas tesis garantistas, aunque con muchas aristas. La confianza en Medio Ambiente se ha alternado con otros mensajes en los que se denuncian los impedimentos que la industria está sufriendo. Así de claro lo dijo el propio Vara el pasado marzo: «Algún día tendremos que levantar nuestra voz para decir por qué algunas cosas siguen siendo tan difíciles desde aquí». Curiosamente, dijo esto apenas un mes antes de su visita a Bruselas, donde aseveró que la UE veía con agrado que se esté siguiendo «un proceso enormemente exigente».

El consejero José Luis Navarro aseguraba a finales de diciembre que consideraba «excesivos» los plazos de tramitación.

Algunas voces enmarcan estos cambios como un toque de atención al Gobierno central. Sobre el papel, su apoyo es total. Así lo ha asegurado Zapatero cuando ha visitado la región, aunque no mencionó el tema en la última campaña electoral. Los grupos ecologistas aseguran que esta postura es incompatible con su defensa de las energías renovables.

Los defensores de que existen trabas recuerdan el caso de las refinerías de Huelva y Cartagena, cuyas ampliaciones han sido aprobadas en tiempo récord y sin tener alegaciones en contra. Sillero se centra en Cartagena y pide que no se olvide que aunque es nueva, la planta está justo al lado de la actual y «no es lo mismo hacer una refinería en un sitio que hacerlo al lado de otra». Añade además que no ha habido oposición porque en esas zonas conocen la riqueza que puede traer una instalación de este tipo, mientras que «aquí sigue habiendo mucho desconocimiento de lo que es una refinería».

Los últimos datos que se barajan hablan de 3.500 personas trabajando de forma directa. Hay que tener también en cuenta el empleo indirecto. Muchas industrias auxiliares nacerán al abrigo de la petroquímica: transportes, mantenimiento, construcción… Serán negocios en alza, por no hablar de la hostelería. Hay estudios que dicen que una instalación de este tipo genera 1,2 empleos indirectos por cada directo.

«Luego está la actuación de los ecologistas -incide- que me parece sorprendente. Es razonable que los extremeños puedan oponerse, pero lo extraño es que los ecologistas de Huelva están en contra de la refinería extremeña, pero a favor de que amplíen la suya. No lo entiendo, porque el concepto de las emisiones es global, no local. Unas emisiones en Huelva tienen el mismo efecto que en Extremadura o en África».

El emplazamiento elegido para esta industria extremeña es la Sierra de San Jorge, en el término municipal de Los Santos de Maimona. es la comarca de Zafra-Río Bodión, limítrofe con Tierra de Barros.

Entre los que también piensan que hay que hacer presión están los sindicatos. El líder regional de UGT, Francisco Capilla, ha asegurado públicamente que «hay un empresario que quiere poner mucho dinero y se le está poniendo palos en las ruedas». Por eso, esta organización pretende movilizarse si en un periodo razonable no hay noticias.

Hay una tercera postura. La Plataforma Refinería No, contraria al proyecto, considera que el proyecto está dormido. Según su portavoz, Reyes González, los retrasos son solamente achacables al promotor, que no es capaz de ofrecer al ministerio la información que se le pide de manera rigurosa. También considera culpable al Gobierno regional, al que acusó de no ofrecer a los ciudadanos la información necesaria.

Desde su punto de vista personal, augura que al final la instalación será impuesta a pesar de lo que diga la Ley, debido a a la «oligarquía y caciquismo» que existen en la región. Lo cierto es que, pese a todo, los retrasos no arrancan del proceso medioambiental. Pasaron dos años antes de que se pidiera la solicitud de autorización, y la fase de consultas previas se demoró doce meses más.

Las respuestas le fueron remitidas al promotor ya a finales de 2006. A partir de entonces, Gallardo tenía dos años para elaborar el estudio de impacto ambiental, someterlo a información pública y entregar las alegaciones a Medio Ambiente. Le sobraron dos meses.

Con todos los papeles, el ministerio debía tomar una decisión el pasado mes de enero, pero al menos por tres veces ha pedido información adicional, lo que ha interrumpido los plazos legales.

El último requerimiento lo hizo el pasado octubre, y está a la espera de que una empresa de ingeniería contratada al efecto elabore unos estudios sobre la construcción del oleoducto. Los trámites quedan bloqueados en el último escalón del proceso, la publicación de la declaración de impacto ambiental. Después de estos meses, la empresa no quiere fijar plazos, pero considera que está cerca de la meta. Para Sillero, «el camino que hemos avanzado es muy importante. Si en la salida había 100 metros que recorrer, la sensación que tenemos es que hemos corrido ya noventa y tantos. Ahora, todavía no ha terminado».

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